El Consejo Europeo y el Parlamento han acordado reducir los residuos alimentarios y textiles en la Unión Europea (UE). El desperdicio de alimentos estará sujeto a objetivos vinculantes de reducción que deberán cumplirse a nivel nacional antes del 31 de diciembre de 2030. Los textiles estarán sujetos a un impuesto sobre residuos que deberán pagar los productores y las marcas de moda.
El Acuerdo sobre Reducción del Desperdicio de Alimentos establece un objetivo de reducción del 10% en el procesamiento y la fabricación de alimentos, y una reducción del 30% per cápita en el comercio minorista, los restaurantes, la restauración y los hogares.

Estos objetivos, los primeros establecidos a nivel de la UE, se medirán en función de los residuos anuales medios generados entre 2021 y 2023. Actualmente, los países de la UE generan colectivamente casi 60 millones de toneladas de residuos alimentarios, el equivalente a 130 kilogramos por ciudadano europeo.
El acuerdo también fomenta la donación voluntaria de alimentos no vendidos que aún sean seguros para el consumo humano, una práctica ya implantada en varios países europeos.
En cuanto a la reducción de residuos textiles, el acuerdo obligará a los fabricantes y marcas de moda a pagar un impuesto para cofinanciar la recogida y el tratamiento de los residuos textiles. Este impuesto variará en función de la durabilidad y reciclabilidad de los productos, y tendrá como objetivo desincentivar la producción excesiva de moda rápida, en la que las prendas se desechan antes de alcanzar su vida útil completa.

La producción y el consumo de textiles y prendas de vestir se encuentran entre las actividades más contaminantes del mundo y generan 12,6 millones de toneladas de residuos al año en la UE, lo que equivale a 28 kilogramos por ciudadano europeo.

Según la normativa actual, los Estados miembros de la UE están obligados a establecer sistemas de recogida selectiva de residuos textiles desde el 1 de enero de este año.
Los acuerdos provisionales alcanzados entre la Presidencia del Consejo y los representantes del Parlamento Europeo deben ser ratificados por ambas instituciones antes del proceso de adopción formal. Una vez aprobados, los Estados miembros deberán actualizar su legislación nacional para cumplir con las nuevas normas.